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Lejos de ser un problema “cultural”, la corrupción es el más pesado lastre para el despegue económico del país.

En México el éxito de una empresa no depende de la innovación que incorpore, la eficiencia de sus procesos o su disposición a asumir riesgos, sino de los contactos directos con las autoridades correctas, y eso pervierte el modelo de negocios, cita Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., (IMCO), en el estudio “La Corrupción en México: transamos y no avanzamos”, publicado recientemente por esta institución.

Aunque Enrique Peña Nieto sostenga que la corrupción es un fenómeno difícil de erradicar porque es de naturaleza “cultural”, que las consejas de viejos políticos como Carlos Hank González tengan más actualidad que nunca (“un político pobre es un pobre político”) y el grito de batalla de los inescrupulosos sea que “el que no transa no avanza”, lo cierto es que “la consolidación del Estado de derecho y el combate a la corrupción son dos misiones fundamentales en el empeño para atraer y retener más talento e inversión en la economía nacional”, advierte Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Directivo del IMCO.

“Cuando la autoridad, las empresas y los ciudadanos respetan las leyes se forja un ecosistema de certidumbre que es fundamental para invertir y crear prosperidad”, destaca el también presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

Efectivamente, la corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí, asegura el investigador Pardinas en el capítulo “Impunidad, corrupción y competitividad”, en la serie Índice de Competitividad Internacional 2015. “Como podemos ver, la corrupción se manifiesta en Alabama y en Beijing. Los escándalos van del gabinete presidencial en Brasilia a la familia real en Madrid. Sin embargo, la diferencia con México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales”, lamenta.

De acuerdo con el artículo “The Impact of Public Officials Corruption on the Size and Allocation of U.S. State Spending”, publicado en abril 2014 en la revista Public Administration Review, por los académicos Cheol Liu, de la Universidad de Hong Kong, y John Mikesell, de la Universidad de Indiana, más de 25 mil funcionarios públicos, en los tres poderes y los tres niveles del gobierno de Estados Unidos, han sido encontrados culpables entre 1976 y 2008 por prácticas de corrupción.

La investigación de Liu y Mikesell indica que en ese periodo, en promedio, fueron sentenciados más de tres funcionarios al día por casos vinculados a delitos de corrupción, tales como compra de voto, aceptación de regalos sin reportarlos o conflictos de interés. La lista de indiciados y sentenciados, establece el capítulo del IMCO, “considera a ciudadanos, sin cargo público, que participaron en los delitos de corrupción”.

En otras latitudes como China, la campaña contra la corrupción ha llegado hasta los niveles más altos del Partido Comunista, mientras en España hay 1,700 causas abiertas por corrupción y más de 500 indiciados en los tribunales. Incluso

en naciones con mayores similitudes “culturales” con México, los escándalos de corrupción han generado más de 25 sentencias a funcionarios por usar su cargo público para obtener un beneficio privado, como ocurrió en Brasil, donde el llamado mensalão llevó a rendir cuentas ante la justicia a 18 legisladores y la sentencia a José Dirceu, brazo derecho del ex presidente Luíz Inácio “Lula” da Silva.

En tanto aquí la impunidad sea la regla en lugar de la excepción, sostiene Juan Pardinas, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida pública y nuestro potencial de prosperidad. “La corrupción es el principal obstáculo para la competitividad de nuestro país. Tanto el Banco de México como el Foro Económico Mundial, en dos estudios separados, llegaron a la conclusión de que este problema es el mayor lastre para el despegue económico de nuestro país”, establece el especialista.

Ulises Ladislao // contacto@tecnoit.com

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